▪ Aparejadores y arquitectos hallan deficiencias que aunque no son peligrosas deben subsanarse
▪ El Govern hará un decreto sobre las calificaciones que además forzará a comunicar los defectos
El apabullante número de suspensos llama a la alarma: ¿tan mal están los edificios barceloneses (y por extensión los catalanes, porque se trata de una estadística extrapolable)? En un promedio redondeado, solo uno de cada cuatro pasa a la primera la ITE o inspección técnica de edificios que fija la Generalitat, según datos de los colegios profesionales de arquitectos (lo sitúan en uno de cada cinco) y de aparejadores (poco más de uno de cada tres). Se detectan deficiencias consideradas en el protocolo como «graves» que impiden obtener el obligatorio certificado de aptitud. Especialmente en fachadas y cubiertas que implican una inversión por parte del vecino.
Tal es el miedo a afrontar esos gastos, que en toda la provincia de Barcelona y desde que se implantaron las ITE hace cuatro años, la Agència de l’Habitatge de Catalunya solo contabiliza unas 9.000 inspecciones realizadas (la mayoría suspendidas) frente al parque de unas 72.000 edificaciones anteriores a 1960 en la provincia que ya deberían haber sido revisadas. A estas hay que sumar las casi 40.000 construidas entre 1961 y 1970, y que en principio deben pasar el trámite este año.
MIEDO AL RESULTADO
Habitatge no puede cuantificar cuántas construcciones realmente se han sometido a una ITE. Y es que ahora los propietarios no están obligados a comunicar los informes con incidencias graves, que conllevan el suspenso. Tan solo a acudir a la ventanilla de la Administración cuando la inspección está pasada y se presenta la documentación firmada por un aparejador o arquitecto para obtener el certificado final de apto. De modo que muchas comunidades no se atreven a someterse a la itv por miedo al cate o bien una vez suspenden, optan por no subsanar los problemas por el coste económico. Congelando de ese modo la situación, y sin la necesaria conservación. La ley contempla sanciones al respecto, pero por ahora y en plena crisis, no son el objetivo.
El director de la agencia, Jaume Fornt, es consciente del desfase entre la previsión de edificios que deberían haber sido inspeccionados y los que han alcanzado el certificado, que en toda Catalunya hasta el 2014 fueron 7.168, la mayoría en la provincia de Barcelona. De todo ese volumen territorial, señala, más del 60% registra incidencias consideradas profesionalmente graves (aunque no suelen suponer riesgo) o muy graves (porcentaje anecdótico).
En Barcelona provincia, el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona (CAATEEB) hasta diciembre pasado había sumado 5.318 inspecciones, con el resultado de un 33% de deficiencias leves que solo implican tareas de mantenimiento, un 4% sin deficiencias, y un 63% con problemas llamados graves y que suponen el suspenso inicial. Es decir, que uno de cada tres aprueba. En cambio, en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, el informe es negativo en el 80% de casos (uno de cada cinco), tras 5.000 revisiones en tres años, la mayoría en Barcelona ciudad.
Manuel Segura, director del gabinete técnico del CAATEEB, explica que esa gravedad no suele implicar peligro, pero sí obliga a resolver las deficiencias. El problema es que las escalas que establece la normativa son muy limitadas. Obliga a calificar patologías como humedades y filtraciones o grietas en ese episodio, aunque afecten parcialmente a la construcción y en muy distinto grado. Para paliar este círculo vicioso, que ha paralizado la emisión de certificados de aptitud, el Govern está acabando un decreto que se prevé aprobar en abril y que establece nuevos grados en las calificaciones.
REALISMO
Fornt detalla que la principal diferencia, además de prorrogar un año los plazos, es que se creará una categoría de «deficiencias importantes», que sin suponer riesgo para el bloque o las personas, necesitan corrección, pero no impiden obtener de forma directa el aprobado, aunque este tendrá que revisarse en seis años y no en los 10 habituales. Por contra, se considerarán graves las que entrañen peligro y precisen de medidas cautelares y obras inmediatas. El director de la Agència de l’Habitatge opina que hay que hacer presión para que todo el mundo ejerza su responsabilidad en la conservación de los inmuebles, pero «siendo realistas». Con el decreto, todos los casos se tendrán que comunicar a la Administración, con un calendario fijado para la rehabilitación.
El vicepresidente del CAATEEB, Antoni Floriach, puntualiza que los problemas de fachadas y cubiertas afectan al conjunto de la ciudad. En cambio, los estructurales suelen ceñirse a los núcleos antiguos, como el Gòtic, Raval, Born… La hornada de edificios que se añaden a la inspección de este año, hasta 1970, es muy numerosa, con casi el doble de construcciones que en la década anterior y marcada aún por la aluminosis en muchas zonas de la ciudad.
Fuente: El Periódico 11/02/2015